tomado
de https://fedecomunalboyaca.blogspot.com/2018/11/accion-comunal-60-o-s-breve-historia.html
Por Guillermo A. Cardona
Moreno
Documento de apoyo para
reuniones, eventos, conferencias en la celebración de los sesenta años de la
acción comunal durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2018.
Si bien las juntas de acción comunal se
institucionalizan con la Ley 19 de 1958, la que en realidad no era una Ley de
acción comunal sino una Ley de planeación, pues la verdadera y primera ley de
acción comunal es la 743 de 2002, la
acción comunal, común, colectiva y solidaria ha existido siempre, es de la
esencia misma de humanidad como la sociabilidad, tanto que ha sido la
garantía de la supervivencia de la
especie humana en sus momentos más difíciles, y será el principio de
supervivencia y superación en la presente coyuntura histórica de la humanidad
cuando exagerados niveles de
concentración de la riqueza y del ingreso
a partir de los infinitos
desarrollos de la tecnología y de la robotización están desplazando del trabajo
y de los ingresos a más del setenta por ciento de personas sin acceso alguno
a los beneficios de esos avances tecnológico. Los altos niveles de
informalidad económica, de pobreza, de descomposición social, de
desplazamientos masivos son manifestaciones de esta crisis.
Por eso al contrario de lo
que algunos piensan, los principios de lo común, lo colectivo, lo participativo
y solidario están hoy más vigentes que nunca. La pregunta es si las
organizaciones de acción comunal tenemos la capacidad de recuperar esta senda
perdida de construcción de comunidad en torno al conocimiento y ejercicio de
derechos y de confianza en la base social a partir del encuentro, entre otros
objetivos para reconstruir formas de economía social, solidaria y de supervivencia.
Parodiando a Bolívar, la
ignorancia ha generado más pobreza, dependencia y esclavitud de los pueblos que
la violencia.
Hecha esta precisión
digamos algo de la historia de la acción comunal en Colombia.
En nuestros escritos
regularmente hemos hablado de cuatro grandes etapas
Sobre este tema volvamos al final. Por ahora
miremos rápidamente la historia de la acción comunal a partir de su
reconocimiento institucional en Colombia.
Etapas.
En esta ocasión pretendo
profundizar las características de cada una de etapas que son las siguientes:
1.
Primera Etapa: Del Florecimiento de las Organizaciones
Comunales que va de 1958 a 1975.
2.
Segunda Etapa: De
la Clientelización de las Organizaciones Comunales que va de 1975 a 1991.
3.
Tercera Etapa: De la Crisis y transición de las Organizaciones Comunales que va desde
1991 a 1996.
4.
Cuarta Etapa: Del resurgimiento o reconstrucción de las
Organizaciones Comunales que va desde 1996 hasta la fecha de hoy.
5. Quinta etapa de hoy, de la incertidumbre,
Primera etapa: Del
Florecimiento de las Organizaciones Comunales que va desde 1958 hasta 1975.
Teniendo los antecedentes
mencionados como la recomendación de las Naciones Unidas de 1954; las misiones
Curie y Lebret y como estrategia para
aclimatar la paz el Gobierno en el marco
de Frente Nacional, recién firmado entre Liberales y Conservadores para avanzar
hacia la paz en medio de la desgarradora violencia de entonces, el Presidente
Alberto Lleras Camargo impulsó la creación de juntas de acción comunal en
especial en las zonas campesinas.
“La estrategia del frente
nacional con el programa de acción comunal era incorporar a la comunidad en la
realización de sus propias obras de infraestructura y servicios disminuyendo
costos en programas sociales y logrando mayor integración popular a las
políticas del Estado.
Igualmente se iniciaba en
Colombia el programa de ayuda norteamericana conocido como la Alianza para el
Progreso, que pretendía contrarrestar el influjo en la sociedad latinoamericana
de la reciente experiencia de la revolución cubana.” ALVARO SEPULVEDA FRANCO Origen y desarrollo histórico de las Juntas
de Acción Comunal .
“Con la Ley 19 de 1958, el
Gobierno Nacional autoriza a los
concejos municipales las asambleas departamentales y al gobierno nacional
encomendar a las juntas de acción
comunal conformadas por vecinos organizados, para ejercer funciones de control
y vigilancia de ciertos servicios públicos.
Se trataba aparentemente de
un sistema de cooperación entre el gobierno y las comunidades para:
a. Aumentar y mejorar los
establecimientos de enseñanza y los restaurantes escolares.
b. Aumentar y mejorar los
establecimientos de asistencia pública y los restaurantes populares y difundir
prácticas de higiene y prevención de control de enfermedades.
c. Administrar
equitativamente las aguas cuyo uso pertenezca a varios riberanos y establecer
adecuados sistemas de riesgo y drenaje.
d. Mejorar los sistemas de
explotación agrícola.
e. Construir viviendas y
mejorarlas.
f. Construir y mantener
carreteras, puentes y caminos vecinales
g. Organizar cooperativas
de producción distribución y consumo
h. Organizar bolsas de
trabajo
i. Fomentar la difusión del
deporte y de espectáculos de recreación y cultura.
El Gobierno se comprometía
a:
a. Suministrar asistencia
técnica,
b. Obligar a los
propietarios de fincas a mantener escuelas en proporción al número de
trabajadores
c. Autorizar a los concejos
exenciones de impuesto predial en las nuevas viviendas y locales dedicados a la
enseñanza.
d. A organizar cursos para
la preparación del personal encargado de la formación de las juntas de acción
comunal.
Era claro que las medidas
estaban dirigidas a sectores pobres o marginados de la población, igualmente
era previsible que el programa tuviese mayor proyección en las zonas rurales
por ser mayoría y por haber sufrido en gran medida los rigores de la violencia
partidista.
Las juntas de acción
comunal inicialmente se nuclean alrededor de las escuelas públicas, a partir de
ella se constituiría el centro comunal, conformarían comités en los que
participarían el maestro, el cura párroco el inspector de policía, funcionarios
públicos y la comunidad.
Ello explica porque
inicialmente se asignó el programa a la División de Acción comunal del Ministerio
de Educación (Decreto1761 de junio 25 de 1959). En 1960 las juntas se trasladan
al ministerio Gobierno tomando un carácter más político que educativo.” ALVARO
SEPULVEDA FRANCO Origen y desarrollo
histórico de las Juntas de Acción Comunal.
En 1962 ya existían unas
ocho mil juntas de acción comunal en especial en el campo.
En 1970 ya existían cerca
de 16.000 juntas. Aunque el gobierno de Lleras buscó autonomía, tecnificación y
organización de las juntas no logró separarlas totalmente de una utilización
clientelista.
Principales características de las juntas de acción comunal durante esta
etapa:
Espacios de paz y convivencia
Las juntas de acción comunal de finales de los cincuenta y de la década del sesenta fueron fundamentales para
aclimatar la paz entre liberales y conservadores que antes de 1958 se mataban
por absurdamente los azules contra los rojos, aupados desde los poderes
nacionales, quienes sin embargo se sentaban al deleite en los grandes clubes.
La asamblea y la junta comunal fueron el principal espacio en que
entonces radicales enemigos de la base
popular, por su militancia en los
partidos rojo o azul, se podían
encontrar sin agredirse, intercambiar palabras y luego llegar a acuerdos mutuos
para la solución de sus necesidades. Es un mérito histórico que poco le ha
reconocido el Estado y la clase política a estas organizaciones, papel que
igual han cumplido en la aclimatación de la paz en diferentes regiones del País
en conflictos posteriores.
Por estas razones las organizaciones de acción comunal fueron fuertes
inicialmente en la zona Andina o de Cordillera y luego se fueron extendiendo
hacia las costas y los llanos.
Bipartidistas
No obstante el mérito de las juntas de acción comunal como constructoras
de paz entre liberales y conservadores en la década del sesenta, también fueron
las juntas de acción comunal espacios bipartidistas excluyentes de otro tipo de
militancia concepción filosófica. Durante toda la década del sesenta y primera
mitad del setenta, para ser dignatario de una junta de acción comunal se debía declarar
militancia liberal o conservadora, extendiendo el odioso y regresivo monopolio
del poder por parte de estos dos partidos firmado en 1958 con el Frente
Nacional hacia las bases ciudadanas.
Esta exclusión de opciones políticas e ideológica diferentes a las liberales y
conservadoras explica en parte la emergencia durante esta etapa de opciones
políticas insurgentes no encontraban otra opción para hacerse oír o buscar
acceso al poder.
La autogestión y asambleas mensuales
No obstante sus debilidades, las juntas de acción comunal de esta etapa
fueron principalmente autogestionarias.
En efecto fue en esta etapa muy rico el convite para el arreglo o
construcción de caminos, puentes, carreteras, de centros de salud, escuelas o
servicios públicos. Regularmente se
realizaban asambleas mensuales de la
comunidad animadas desde Radio Sutatenza
y el Periódico el Campesino.
El orden del día de estas asambleas era:
1. Reflexión espiritual o misa
que era trasmitida para todo el País por Radio Sutatenza, emisora que tenía el
mejor dial del País, el que luego vendieron a la Cadena Caracol que utiliza
actualmente. Generalmente a través de la Caja Agraria se entregaba a los
campesinos un transistor o radio que solamente sintonizaba a Radio Sutatenza,
emisora que además de este apoyo regular a las juntas de acción comunal jugó
papel muy importante con la alfabetización por radio apoyada en la Cartilla
Charry.
2. Lectura: El
segundo punto que desarrollaban las asambleas mensuales de las juntas comunales
durante esta etapa, guiadas por Radio Sutatenza era la lectura del Periódico el
Campesino y el Almanaque Bristol en lo referente a orientación para la
producción agropecuaria.
3. Acuerdos de trabajo: el
tercer punto eran los acuerdos sobre las obras a realizar con trabajo
comunitario durante el mes siguiente, ya arreglo de un puente, de un camino, de
una carretera, de una escuela, centro de salud, una bocatoma o trabajo en la
cosecha de la junta.
Según la necesidad se definían
los lunes de trabajo comunal ya cada ocho o quince días.
El convite que además configuraba
un momento de encuentro e integración muy importante en torno al trabajo
colectivo, a donde cada familia aportaba por lo menos un “jornal” y asistían con
sus esposas quienes preparaban los refrescos con productos nativos y la comida
para lo cual a su vez cada familia llevaba su aporte ya en viandas, carne o
gallina . Al final de la tarde se compartía la chicha de panela o según la
región animada con los músicos generalmente de instrumentos de cuerda.
4. Integración: el
cuarto punto de la asamblea era la integración ya con juegos de mesa como
parques, domino, naipe o trompo entre otros
o de campo como basquetbol, tejo, futbol o microfútbol, y otras
actividades lúdicas como el baile.
Los bazares
Aunque por definición etimológica, bazar es un establecimiento en el que se venden
objetos y aparatos diversos, es un concepto de origen Persa, Hindú e Islámico, los bazares comunales son una institución de
gran raigambre en nuestras comunidades populares campesinas y urbanas. En
efecto las juntas de acción comunal por lo general organizaban un bazar por lo
menos cada tres meses o cuando
necesitaban fondos para desarrollar una obra comunal, los recursos económicos
del bazar por lo general estaban destinados a la compra de cemento o materiales
de construcción que no se conseguían en la región, por lo general de
elaboración manufacturera o industrial como hierros, tubos, puntillas, entre
otros.
Los bazares se realizaban por lo general en la cabecera veredal o
barrial, para el caso del campo en llamada fonda campesina o salón comunal, por lo general contiguos. La
fonda era la tienda o el punto de encuentro común, concepto de origen paisa consolidado en el
marco de la llamada Colonización Cafetera o colonización paisa ( 1887-1950).
A diferencia del bazar Persa, Hindú o Islámico, al bazar comunal no
confluían productos artesanales ni manufacturados sino comidas preparadas por
cada familia que aportaban para ser vendidas y cuyos ingresos van al fondo comunal. Era buena oportunidad para
que las amas de casa demostraran sus conocimientos y habilidades culinarias en
la preparación de tortas, dulces, delicias y en general productos alimenticios.
Un plato que no podía ni puede faltar en un bazar es la típica lechona, para el
caso de la Región Andina o de la mamona
para los llanos orientales.
Además los bazares eran punto de encuentro cultural en que los
campesinos demostraban sus experticias con instrumentos musicales
autóctonos y fuente de fortalecimiento
de las expresiones culturales autóctonas. Eran estas agrupaciones de música
popular las que animaban los bailes en los bazares.
Otra fuente de recursos en el bazar son los reinados populares en que
gana la candidata que contabilizara el mayor número de boletas o piezas de
baile realizadas. Las boletas las vende
la coordinadora o coordinador a los
interesados entregando una por cada
baile a la respectiva candidata.
Además la carencia de televisión cine u otro medio aglutinaba a la
mayoría de a vecindad.
Otras fuentes de financiación
Otras fuentes de financiación de las juntas comunales de esta etapa eran
los sembrados comunales para lo cual un finquero prestaba un terreno para sembrar una cosecha, generalmente de
productos transitorios como maíz fríjol o según la región. En ocasiones los
acuerdos de trabajo comunal de los lunes los destinaban a labores en el
sembrado comunal.
También las juntas, en especial campesinas tenían ganado que engordaban
en las fincas de los vecinos de la comunidad. El asociado recibía el animal
pequeño o lo donaba y lo cuidaba y levantaba con sus animales a los dos o tres
años se vendía, recursos que llegaban al fondo comunal de la junta.
De esta manera, con iniciativas autogestionarias las juntas de acción comunal de antes de
1975, construyeron la mayor parte de
obras de infraestructura de veredas y de barrios populares de Colombia. Hacia 1983 algunos estudios del DANE
reconocían que cerca del cincuenta por ciento de esta infraestructura en
Colombia había sido construida con el
trabajo comunal.
Apropiación indebida de bienes comunales
Estas organizaciones de antes de 1975 no solamente fueron fundamentales
en la construcción de servicios e infraestructura del País sino que eran
organizaciones ricas, solventes con buenas sedes propias, inclusive muchas
oficinas públicas y de Alcaldías sesionaron en las sedes comunales con el
problema que luego se apropiaron de ellas dado que cuando entonces las
organizaciones comunales construían sus obras en predios que no le habían sido
titulados. Cuando entonces no se percibió la complejidad del problema sino
muchos años después cuando fueron perdiendo su control sobre los predios de las
escuelas, centros de salud y hasta salones comunales que habían construido en
predios sobre los cuales si bien tenían las cartas de intención de entrega de
sus poseedores originales, no tenían títulos del Estado conferidos por
autoridad competente. Este despojo del
Estado a partir de los municipios de muchos predios de las juntas comunales
antiguas es uno de los daños que hoy la Nación debiera reparar a las
organizaciones comunales.
En el mismo sentido de la apropiación indebida del Estado de bienes
comunales, conviene recordar que la mayoría de acueductos veredales y de los
municipios pequeños de Colombia, originalmente fueron comunales de los que
luego habilidosa e ilegítimamente se ha venido apoderando el Estado.
De manera especial recordemos que la mayoría de redes eléctricas rurales
primarias del País, fueron construidas y o financiadas por la Caja Agraria y otras entidades
crediticias a través de préstamos que hicieron los campesinos hipotecando sus
predios o parcelas. Muchos campesinos perdieron sus predios ante la Caja al no
poder pagar esos créditos, es decir que esas redes pertenecen a las comunidades
y campesinos en cada lugar y región, sin embargo cuando el Estado vendió a
particulares la red eléctrica nacional ignoró quienes eran o son los dueños
reales de esas redes y en un verdadero abuso de poder o atraco les vendió esas
redes al capital privado.
2. Segunda Etapa:
De la Clientelización de las Organizaciones Comunales que va de 1975 a 1991.
El Presidente de la República de entonces Dr. Carlos Lleras Restrepo
quería fortalecer al ejecutivo para darle mayor control en la inversión pública
y hacer más eficiente su actuación. Esto debilitaba el papel del Congreso, cuyo
tamaño además, quería reducir. Para acceder a sus pretensiones, el
Presidente accedió a un alza de dietas a
los congresistas y estableció los auxilios parlamentarios o destinación de
recursos del Presupuesto Nacional para que fueran asignados directamente por
los parlamentarios a proyectos de su interés.
En el mismo sentido se establecieron los auxilios departamentales y
municipales o ciertos recursos de que
podían disponer los diputados y concejales para asignar a su antojo a las
comunidades.
Es decir, el Gobierno negoció con el Congreso las facultades
extraordinarias para legislar como dictador, es decir para producir leyes o decretos con fuerza de
ley sin aprobación del Congreso de la República, ordenanzas de las asambleas
departamentales o acuerdos de los concejos municipales a cambio de un aumentos de sueldos a los
congresistas y muchos recursos para a
través de fondos especiales para que los congresistas, diputados y concejales
mantuvieran sus caudas electorales a través de los bien conocidos auxilios
parlamentarios.
Irónico que mientras de una parte el Congreso reduce sus deliberaciones
pues confiere el ejecutivo sus facultades, les aumente los honorarios y les
confiere muchos recursos para los auxilios.
Fue cuando aparecieron los decretos leyes o actos administrativos
expedidos por el Presidente con fuerza de Ley.
Facultades similares se transfirieron a las asambleas departamentales y
concejos municipales para que por determinados períodos renunciaran a sus
funciones y las delegaran plenamente en el ejecutivo.
Así entonces, con la posibilidad de otorgar auxilios, los
parlamentarios, diputados y concejales fueron llegando a las comunidades,
entonces autónomas y autogestionarias a decirles que no fueran bobas, que no
había razón para que con su trabajo y sus esfuerzos construyeran soluciones de
obras públicas y sociales, que esas soluciones
las debía proporcionar el Estado con sus recursos que ellos proporcionarían a
través de los auxilios si los apoyaban con sus votos y así fueron matando desde el Estado y los
partidos Liberal y Conservador la autogestión.
Esta reforma constitucional de 1968 fue determinando nuevas dinámicas en
las comunidades y sus organizaciones que
fueron abandonando su trabajo autogestionario en la construcción de sus
soluciones y aspiraciones para caer en la dependencia de los auxilios y de la
clase política que los maneja.
Hacia 1975 habían desvirtuado el trabajo solidario y sometido a las
organizaciones a su control para entrar en la etapa más oscura y perniciosa en
la historia de las organizaciones comunales colocadas al fácil servicio de la
clase política y de la mediocridad de la administración pública.
Esta incidencia perversa de los partidos políticos y de los gobiernos
sobre los organismos de acción comunal aún es muy fuerte en nuestros días,
2016.
También existieron durante esta etapa los auxilios administrativos o
fondo de que disponían los alcaldes para otorgar a su particular conveniencia a
las comunidades.
No obstante la perversa incidencia de los auxilios parlamentarios y
administrativos sobre las comunidades, los registros estatales señalan que los
recursos que se ejecutaron con mayor eficiencia
fueron los que llegaron a los organismos comunales que no fueron más del
veinte por ciento del total que se destinaron para estos propósitos pues la
mayor parte tuvieron otros destinos a través de organizaciones de papel de la
clase política. Se puede consultar este balance de 1992 del Fondo de Auxilios
Parlamentarios que manejaba el entonces Ministerio de Gobierno.
Este tema de los auxilios tuvo tanta trascendencia en la vida política
nacional que fue uno de los motivos de motivación y convocatoria hacia la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 o argumento principal de lucha contra
el clientelismo y la corrupción en que
las organizaciones comunales injustamente estuvieron en medio del debate. Finalmente en este sentido la Constituyente
aprobó el Artículo 355 que prohíbe al Estado la asignación de recursos públicos
a entidades de derecho privado o lo que algunos llamaron la eliminación de los
auxilios.
No obstante esta eliminación de los auxilios parlamentarios eje
vertebral del clientelismo político, la Constituyente estableció que todo
recurso público a ser ejecutado con particulares sería por la vía de los
contratos, introduciendo así un instrumento básico para que el clientelismo
político mutara en corrupción, pues en los municipios departamentos y Nación,
la clase política se fue ideando formas sofisticadas para apropiarse de los
recursos públicos a través de la modalidad de los contratos para lo cual
aprendió a integrar lo que podríamos llamar los trípodes de la corrupción
integrados por varias empresa o personas
jurídicas de contratación generalmente registradas en las Cámaras de Comercio
sin mayores exigencias de idoneidad, un buen asesor jurídico y un político.
Se idearon varias empresas para acceder a las licitaciones públicas con
varias empresas dado que el régimen de contratación de Ley 80 exige varias
propuestas y así entonces van a la fija o como se dice popularmente para ganar
con cara, con sello o aún si la moneda cae de filo.
Sin embargo y no obstante los carruseles que armaron los políticos en
los municipios, departamentos y en la Nación para acceder a los contratos
públicos aún antes de su asignación controlando los términos de referencia
iniciales de convocatoria, según la Veeduría Nacional del Tesoro, hacia el año
2012 cerca del 85% de los recursos que se contrataron en los municipios se hizo
por contratación directa o sin concurso de méritos, es decir a los amigos de
los ordenadores del gasto o alcaldes y gerentes de empresas del Estado o
mixtas. A hoy, año 2016 el porcentaje no ha variado.
Es decir que la sustitución de los auxilios por la ejecución de recursos
públicos con particulares exclusivamente por contratos, fue más nociva para los
intereses públicos que los auxilios, pues
en el caso de los auxilios, no eran superiores al 10% de los respectivos
presupuestos los recursos que se destinaban a dichos fondos, pero en el caso de
la contratación con particulares de hoy, los políticos aliados o como parte de
los carruseles de la corrupción de que hacen parte muchos políticos, se quedan
con la mayor parte de los presupuestos.
De otra parte, el régimen de contratación vigente elitizó el acceso a
los recursos públicos a especialistas de los carruseles de la contratación
pública que conocen muy bien las normas
de contratación para cumplirlas formalmente y/o burlarlas y acceder con el supuesto lleno de requisitos
a estos recursos, mientras que excluyó casi que en su totalidad el acceso de
las comunidades y en especial de sus juntas de acción comunal a estos recursos
por su falta de poder político y en parte de carruseles o empresas
especializadas en la contratación pública. En efecto si hoy evaluamos el
porcentaje de recursos públicos que en una ciudad, municipio o localidad se
asigna a las organizaciones comunales, es mínimo, ni siquiera alcanza el 1%, no
obstante que estas organizaciones, cuando han tenido la oportunidad de acceder
a estos recursos siguen demostrando la mayor eficiencia y transparencia en su
ejecución. De esta verdad existen muchos testigos como el IDEPAC de Bogotá, la
Gobernación de Cundinamarcaa o la USAID,
agencia de cooperación Norteamericana.
Otra faceta de esta etapa.
No obstante lo dañina etapa de la
clientelización entre 1975 y 1991 para las organizaciones de acción comunal,
desde la base comunal fue emergiendo una conciencian de derechos, dignidad y
lucha que en la medida en que fue
tomando forma y se fue fortaleciendo,
que garantizó que a partir de 1991 los organismos de acción comunal no
desaparecieran y que no obstante sus debilidades hoy supervivan con el sueño de
su verdadera reconstrucción como constructores de comunidad y de dignidad
ciudadana en torno al conocimiento y ejercicio de derechos.
El Octavo Congreso realizado en 1983 en la ciudad de Montería-Córdoba,
comienza a marcar una historia de independencia de los delegados a los
Congresos, actitud que da origen a la primera instancia autónoma de
organización nacional de la acción comunal llamada COMISION NACIONAL DE
SEGUIMIENTO, de los cuales entre sus principales integrantes se cuenta con
Robertulio Rodríguez del Valle, Humberto Alcaráz de Antioquia, Jaime Mora del
Tolima, Freddy Galán y Fernando Ferrer del Atlántico, Álvaro Polo Chávez del
Magdalena, entre otros. De ellos aún tiene vida comunal muy activa Fernando
Ferrer.
Hasta el Séptimo Congreso no se tienen conclusiones producidas por los
comunales, al parecer por cuanto estos eran eventos oficiales de presentación
de las políticas del Estado en materia del apoyo a las organizaciones comunales
y de presentación de respetuosas peticiones por parte de los comunales
asistentes. No eran eventos deliberativos, libres y concluyentes de la base
comunal sino simples escenarios para la exhibición de los altos burócratas del
Estado, siendo el principal privilegio de los comunales asistentes, el paseo y
la fotografía con los funcionarios para exhibirla luego en sus comunidades como
gran trofeo. De hecho, en lo fundamental los asistentes eran delegados
invitados por el Estado, ya directamente desde la DIGIDEC-Ministerio de
Gobierno o ya certificados por los gobiernos departamentales.
Hasta el Noveno Congreso Nacional Comunal realizado en la Ciudad de
Pasto en Noviembre del año 1985, los asistentes a los Congresos eran los
invitados o señalados por el Estado. En Pasto se reestructura la Comisión
Nacional Coordinadora Comunal con delegados de todos los departamentos y se le
cambia el nombre por Comisión Nacional Coordinadora Comunal, proceso en el que
jugaron papel importante Rafael Sánchez Lugo de Lorica Córdoba y Humberto
Alcaraz de Santafé Antioquia. A este evento asistió como delegado Luis Emiro
Valencia, entonces presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Molinos
de la Localidad Uno de Bogotá, llegó como delegado por Bogotá, siendo elegido
Secretario General de la Comisión Nacional. Como coordinador se eligió a Rafael
Sánchez Lugo.
En este evento Guillermo A. Cardona Moreno presentó su ensayo “AUTONOMIA
COMUNAL” que fue contribución importante en el largo camino de construcción de
una teoría propia de este Movimiento
Una conclusión fundamental del Congreso de Pasto fue avanzar hacia
la reconstrucción de asociaciones de
juntas de acción comunal en los municipios y la creación de federaciones
departamentales en la perspectiva de una Confederación Nacional Comunal,
proceso organizativo que antes debía resolver la ausencia de normas legales que
permitieran esta estructura, tarea que ocupo los años de 1985 y 1986 desde
solicitudes respetuosas al Gobierno Nacional hasta manifestaciones, mítines y
plantones, pues existía temor en facilitar este tipo de organización a la base
comunal.
En esta etapa se avanza significativamente en la creación de
asociaciones de juntas comunales y en la creación de las primeras federaciones
departamentales que permitieron crear Junio de 1990 la Confederación Comunal
Nacional.
Congresos Nacionales realizados durante esta etapa:
Entre el Noveno Congreso de Pasto y el Décimo de Valledupar se creó una
fuerte tensión entre la Comisión Nacional Coordinadora Comunal y la
DIGIDEC-Ministerio de Gobierno, por la resistencia del Estado a que la acción
comunal construyera su estructura autónoma, temor que había sido señalado en
varias ocasiones por altos funcionarios del Gobierno y se catalizó en la preparación hacia el Décimo
Congreso, pues mientras la DIGIDEC con sus directores regionales y gobernadores
organizaban sus delegaciones de manera autocráticamente, la Comisión Nacional
Coordinadora Comunal generó un proceso de asambleas departamentales de elección
de los diez delegados que debían asistir al máximo evento.
Así fue como a Valledupar llegaron dos bloques de delegaciones a saber
las del Gobierno y las de la Coordinadora Nacional Comunal. Los delegados de
esta última nos adelantamos en la llegada a Valledupar y ocupamos los hoteles y espacios reservados por el Gobierno para sus delegados. Por su parte
desde la DIGIDEC se decía que no éramos ninguna coordinadora comunal sino una
coordinadora guerrillera, lo que nos tuvo al borde de una masacre por parte del
ejército, situación que se logró superar gracias a una comisión de negociación
del alto Gobierno integrada por Ernesto Rojas Morales, entonces director del
P.N.R, Ernesto Samper Pizano y Jaime Niño Diez, entonces presidente de la Comisión
Primera del Senado. Entre los acuerdos se estableció la financiación del
Gobierno de los costos de estadía de todos los delegados y el derecho a
compartir la dirección del Congreso y de las comisiones a la C.N.C.C.
Finalmente hubo comprensión y hermandad entre todos los delegados y se avanzó
hacia la constitución de las federaciones departamentales y la creación de la
Confederación Nacional Comunal en el Congreso siguiente.
Ø Xl CONGRESO NACIONAL
COMUNAL DE RISARALDA. 20 DE JULIO DE 1990.
Este Congreso es importante por dos razones principales de una parte
porque se crea legalmente la Confederación Nacional de Acción Comunal y de otra
parte se fortalece la participación comunal en el proceso hacia la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991 aprobándose la presentación de candidatos
comunales propios seleccionados democráticamente.
No obstante el muy importante trabajo de los integrantes de la C.N.C.C,
en la creación de las federaciones departamentales y de Bogotá, tarea en la que
jugó un gran papel Rafael Sánchez Lugo, la asamblea de delegados eligió una
directiva ajena a este equipo de trabajo apoyando a la corriente gavirista bajo
el señuelo de que eran amigos del
presidente Cesar Gaviria y que con ellos se conseguiría mucho. En efecto, Juan
de Dios Puerta de Risaralda fue elegido el primer presidente de la
Confederación, situación que generó mucho desanimo en los dirigentes
tradicionales de la C.N.C.C, por lo que la mayoría de ellos abandonaron el
proceso. En realidad esta directiva de la Confederación fue poco dinámica o
prácticamente no funcionó. En realidad la gestión más importante que se podría
recordar de esta presidencia fue la consecución de la sede de la Confederación
aún vigente en el edificio COVINOC de Bogotá.
Este Congreso decidió participar con candidatos propios hacia la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y convoco un encuentro nacional
posterior para elegir los candidatos, lista que quedó integrada por Guillermo
A. Cardona Moreno, Rafael Sánchez Lugo y Luis Emiro Valencia.
De este Congreso de Risaralda no se conocieron otras conclusiones
escritas.
Tercera Etapa: De la Crisis y Transición de las Organizaciones Comunales
que va desde 1991 a 1996.
Como se ha recordado, durante la segunda etapa la clase política y el
Estado a través de los auxilios parlamentarios y administrativos sometieron a
los organismos comunales de base, lo que generó una reacción en una dirigencia
alternativa emergente por la liberación de la organización de estas ataduras.
Eliminados los auxilios, tanto el Estado como el mayor porcentaje de
dirigentes comunales de base consideraron que
su razón de ser había desaparecido, pues a esta fecha la razón de ser de
las juntas era la tramitación de los auxilios ante el Estado.
Por su parte en cada municipio, departamento y en la Nación existía un
fondo que se llamaba así “FONDO DE
AUXILIOS”, a donde se colocaban los recursos con este destino y los topes a que
tenía derecho a entregar cada concejal, diputado, representante o senador. El fondo entregaba los recursos con un oficio
simple de autorización del respectivo político amigo. La función de los
entonces promotores comunales en los diferentes niveles territoriales era
entregar los auxilios a los respectivos destinatarios.
Al desaparecer la estructura administrativa para la distribución de los
auxilios desapareció la estructura institucional del Estado para el “apoyo” o
manipulación de las juntas de acción comunal (recuérdese que no existía la
estructura organizativa superior de asociaciones, federaciones y Confederación).
En efecto desapareció el interés del Estado y de la clase política por
las organizaciones comunales, tanto que entre los años de 1991 hasta 1996 no
hubo procesos de renovación de los organismos comunales.
Fue la propia organización comunal a partir de su recién creada
Confederación, con la Presidencia de
Guillermo A. Cardona Moreno, la que avanzó en un largo proceso por la
reconstrucción de los organismos comunales hasta comprometer al entonces
Ministerio de Gobierno en la
convocatoria de elecciones únicas nacionales para el 28 de Abril de 1996. Fue
una campaña intensa por recuperar el entusiasmo por los organismos comunales en
que por fortuna se contó con el apoyo importante de los canales de televisión a
través de códigos cívicos por espacio de dos meses y en especial del Boletín
del Consumidor que se animó esta
elección.
Era novedosa las elecciones comunales en un solo día, pues antes estas
elecciones se realizaban dentro del
término de seis meses cuando los dignatarios vigentes lo decidieren. Además las
normas vigentes decían que para participar en las elecciones se necesitaba una
antigüedad de afiliación de por lo menos seis meses, lo que dificultaba el
ingreso de gente nueva.
Por eso para las elecciones de 1996 se logró concertar con el Ministerio
del Gobierno la Resolución 110 que establecía que las personas que quisieran
participar en las elecciones o aspirar a cargos se podían afiliar hasta el
mismo día de las votaciones y que el libro solamente se podría cerrar si
instancia alguna, dígase la asamblea, lo decidía, y que ese cierre podía ser
como máximo con ocho días de anticipación a las elecciones. Igualmente se
estableció que si una persona buscaba el libro de afiliados y no lo encontraba,
con un escrito personal, anotando su edad y lugar de residencia, expresaba ante
el personero su voluntad asociativa y que copia de este radicado podría
participar en las elecciones.
Gracias a la publicidad, a los
pioneros de base en cada barrio o vereda representado por comunales verdaderos
que quieren a la organización, a la existencia de federaciones departamentales
y a la Confederación de entonces , a las
elecciones en un solo día y a la facilidad de afiliación, este 28 de Abril de
1996 renacen 37 personerías jurídicas comunales en la perspectiva de
convertirse en verdaderas organizaciones de las comunidades de Colombia.
Congresos Nacionales Comunales realizados durante esta etapa
Ø Xll
CONGRESO DE MEDELLIN 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE
1991.
Se podría decir que este fue un Congreso de tránsito a partir del cual
fue emergiendo una nueva dirigencia nacional a partir de claros conceptos de
autonomía e independencia del Estado Sus conclusiones son muy profundas y
reflexivas.
Ø Xlll
CONGRESO DE PAIPA 18-20 NOVIEMBRE DE
1993
La característica principal de este Congreso es la decisión que adopta
la organización nacional comunal a partir de su Congreso Nacional, de
participar en los procesos electorales con candidatos propios, tanto que el
propio evento configuró una lista para participar en 1994 en las elecciones a
Senado de la República e invitó a todos los organismos departamentales y
municipales a configurar sus propias listas con candidatos sometidos a mandato
programático y actas de compromiso.
Ø XlV
CONGRESO, SANTA MARTA 1-3 DE DICIEMBRE DE 1995.
Este Congreso se realiza en uno de los momentos más críticos en la
historia de las juntas de acción comunal pues después de la expedición de la
Constitución de 1991 no se habían renovado organismos comunales no obstante que
la vigencia de sus directivas era de dos años. Esto se debía al desánimo en que
había caído gran parte de la dirigencia y al desmonte de las oficinas públicas
de promoción comunal ante la eliminación de los auxilios parlamentarios por la
Constitución de 1991. Gracias a las federaciones y a la Confederación, el
proceso se mantenía vivo por lo que este Congreso se convirtió en una necesidad
inaplazable, más aún cuando se estaba tramitando la primera elección nacional
de juntas comunales en un solo día para el 26 de Abril de 1996 proceso concebido
por la dirigencia comunal. Anteriormente las juntas se elegían dentro del lapso
de seis meses cuando fueran convocadas
las elecciones por sus respectivos dignatarios.
Este Congreso se organizó sin contar con apoyo alguno del Estado, por lo
que se solicitó a los delegados llevar carpas para el alojamiento en la playa, llevando todo el menaje y
víveres para la olla comunal. En efecto muchas delegaciones llegaron bien
aprovisionadas pero al ver el Gobierno Nacional que el evento era un hecho con
o sin su apoyo, el mismo día de iniciación de deliberaciones garantizó buenos
hoteles y en general los costos mínimos de estadía.
De otra parte en este Congreso arrancó el largo proceso hacia la Ley
Comunal hoy Ley 743 del año 2002.
Del Octavo al Doce Congreso se realizaron bajo la presidencia de
Guillermo A. Cardona Moreno.
Los primeros congresos fueron
Primer Congreso en 1970 en
Bogotá.
Segundo Congreso en 1972 en Cali.
Tercer Congreso en 1972 en Cúcuta.
Cuarto Congreso 1974 en Villavicencio.
Quinto Congreso en 1976 en Barranquilla.
Sexto Congreso en 1979 en Manizales.
Séptimo Congreso 1981 en Leticia.
Octavo Congreso 1983 en Montería.
Mayor información sobre los congresos comunales hasta 2012 y sus conclusiones las encuentra en el libro
“ACCION COMUNAL CINCUENTA AÑOS” de Guillermo A. Cardona Moreno, publicado por
la Alcaldía de Bogotá, lo pueden solicitar a gcardonam@gmail.com
4. Cuarta Etapa: Del
resurgimiento o reconstrucción de las Organizaciones Comunales que va desde
1996 hasta la fecha de hoy.
El 28 de abril de 1.996
es el momento histórico más importante de supervivencia de la acción comunal
liderado por la propia organización. En
efecto, cuando muchas instituciones públicas, ONGs y los partidos, creían que
las Juntas de Acción Comunal se habían acabado, como habían acabado con muchas
organizaciones sindicales en el marco de los propósitos neoliberales de
eliminar las organizaciones sociales, la Acción Comunal reaparece de las
cenizas.
En un solo día, por primera vez en la historia, se renovaron 39.000 de
las cuarenta y dos mil legalmente reconocidas. La mayoría de las restantes se
renovaron en los meses siguientes. En el transcurso de este año, cada dos meses
se renovaron los organismos de segundo, tercero y cuarto grado, a saber,
Asociaciones, Federaciones y Confederación.
Ha sido una etapa muy difícil
para superar la fuerte cultura de
dependencia de los auxilios, de la clase política y del Estado de las juntas de
acción comunal, no solamente por ser característica de la etapa anterior sino
por que en esta nueva etapa, una vez la propia organización se trata de
reconstruir, nuevamente los tentáculos del oportunismo electorero de los partidos y del Estado
extiende sus tentáculos sobre la organización, por lo que se debe seguir
luchando tanto contra la cultura de dependencia de la dirigencia como
contra esta manipulación de la clase
política y del Estado.
Numero de juntas.
Según el último o único censo nacional comunal realizado en 1993
existían cerca de 37.000 juntas comunales con menos de un millón y medio de
afiliados. Hoy, aunque no existe un censo oficial, nuestros estimativos es que
existen más sesenta mil juntas comunales con más de cinco millones de
afiliados.
Renovación de dignatarios.
Antes de 1991, por los requisitos relacionados de antigüedad de
afiliación para ser dignatario y las dificultades de afiliación, los cuadros
directivos eran inamovibles. Hoy, en los organismos de base cada cuatro años se están renovando más del
cincuenta por ciento. El reconocimiento a esta renovación como un hecho
positivo no ignora el valor de viejos comunales que mantienen como dogma de fe
el farolito comunal en muchos barrios y veredas del País. El éxito depende de
la buena armonización entre lo viejo y lo nuevo.
Mujeres, hoy cerca del cincuenta por ciento de los dignatarios comunales
de base o en las juntas, son mujeres; este porcentaje no se refleja en los
organismos superiores ya por las dificultades de las mujeres para retirarse por
varias horas de su hogar dada la aún fuerte incidencia del machismo, ya por la
falta de recursos de las mujeres o porque a diferencia de los hombres los
destinan a lo básico del hogar y no a estas labores.
Acceso al conocimiento.
Antes de 1991 los dignatarios comunales asistían a una asamblea o
reunión por fuera de su territorio de la
junta si existían expectativas de beneficios materiales para las comunidades ya
de auxilios o implementos materiales, cemento, tejas, ladrillo, etc. Hoy la principal expectativa que motiva a los
dignatarios comunales para asistir a una reunión o evento por fuera de su
territorio es el acceso al conocimiento ya una conferencia, un taller, un foro
en que además de adquirir información se puedan expresar. Se movilizan aún a varias horas de camino con
sus propios recursos con esta expectativa, lo que genera gran optimismo por el
futuro de la organización pues quien se acerca al conocimiento, está en el
camino de los derechos, la convivencia y el desarrollo. “APRENDER A PENSAR ES
EMPEZAR A LUCHAR” decía en su Revista
ALTERNATIVA nuestro Nobel Gabriel García
Márquez.
Legislación propia.
Es durante esta etapa que la acción comunal, por su propia iniciativa se
va dotando de una legislación propia a partir de la Ley 743/02
Otras características de esta etapa son:
• La Acción Comunal se va
dotando de una teoría propia, representada en unas posiciones características
frente a la economía y la política nacional, lo mismo que en los escritos
ampliamente difundidos de sus dirigentes.
• Se estabilizan las
fechas únicas de elección comunal.
• La Acción Comunal se va
convirtiendo en la organización ciudadana que más utiliza los mecanismos
constitucionales y legales de participación.
• La Acción Comunal
comienza a transitar por los caminos de la Planeación Participativa. Hoy,
quienes tienen mayor presencia en los Consejos e Instancias de Planeación
territorial como sector social son los dirigentes comunales, más del 32%.
• De esta manera la Acción
Comunal va saliendo de su vieja atadura de la arena y el cemento, y se va
introduciendo por el camino del conocimiento. Hoy, la organización que más se
vincula a los procesos de formación ciudadana y los promueve, es la Acción
Comunal.
• La Acción Comunal
obtiene ante el Estado colombiano su derecho constitucional de inscribir
candidatos a los cargos de elección popular y, poco a poco, comienza a entender
que la recuperación de lo común, lo colectivo, lo participativo y lo solidario,
pasa por acceder al poder en el marco de los principios comunales.
Congresos Nacionales realizados durante esta etapa
Ø XVlll
CONGRESO NEIVA.25-27 DE JULIO DE 2003.
Este Congreso fue un momento de celebración porque al fin, después de siete años de gestión y trabajo se
tenía vigente la Ley Comunal o Ley 743. Las deliberaciones giraron
principalmente en torno a los proyectos de reglamentación de la Ley, de lo que
al final el Ministerio del Interior tomó muy poco, salvo el artículo 32 del
Decreto 2350 en cuanto establece que los dignatarios comunales deben certificar
por lo menos veinte horas de formación comunal, las que serán acreditadas por
el respectivo organismo comunal de grado superior.
Un dirigente inolvidable de este evento fue JESUS MARIA SILVA, presidente de la
Federación Comunal departamental del Huila, quien pocos meses después, en medio
de su campaña a la Alcaldía de Acevedo de la que se perfilaba como seguro
ganador, fue asesinado por actores armados ilegales. Fue una grave pérdida para
el movimiento comunal del departamento del Huila y por supuesto que para el
movimiento comunal nacional.
Ø XlX
CONGRESO. VILLAVICENCIO. 4-6 DE
DICIEMBRE DE 2004.
Como en todos los Congresos, los temas tratados fueron muy variados y
con bastante rigor, sin embargo tal vez que dos temas se destacan a saber un
firme compromiso con lo ambiental para
lo cual se avanzó hacia una red nacional ambiental de las organizaciones
comunales y de otra parte el tema de la
formación como eje del quehacer de todas las organizaciones comunales del País.
Allí se creó la Comisión Pedagógica Nacional y se avanzó en la construcción de
la corriente pedagógica nacional, de la cual el programa Formación de
Formadores es una parte importante.
Ø XX.
CONGRESO. QUINDIO. 4-7 OCTUBRE DE 2006
No obstante este rápido recorrido
por los Congresos Nacionales de la Acción Comunal, lo mejor es leer sus
conclusiones que sin duda son muy enriquecedoras y permiten identificar un
ideario popular, si se quiere el más importante ideario popular construido en
Colombia para.
Lo más importante de este Congreso fue la primera versión comunal del
documento CONPES que diera lugar al CONPES COMUNAL 1061/2010.
Otros congresos
Ø 21
Congreso Montería 2008
Ø 22
Congreso Popayán 2010
Ø 24
Congreso Medellín 2014
Ø 24
Congreso Medellín 2014
Ø 25
Congreso San Andrés 2016
Ø 26
Congreso de Popayán 2017
PRESIDENTES NACIONALES
1982.1985. HUMBERTO ALCARAZ de Antioquia
Coordinador de la Comisión
Nacional de Seguimiento.
1985-1988.RAFAEL SANCHEZ LUGO de Córdoba. Coordinador de la Comisión
Nacional Coordinadora Comunal.
1988-1990.SORANI QUICENO de Risaralda. Coordinadora de la Comisión
Nacional Comunal.
1990-1993. JUAN DE DIOS PUERTA, de Risaralda. Presidente de la
Confederación Nacional Comunal.
1993-1994.GUILLERMO A. CARDONA MORENO. Nacido en el departamento del
Huila pero en representación de
Bogotá, Presidente interino de la
Confederación Nacional Comunal.
1994-2002. GUILLERMO A. CARDONA MORENO. Nacido en el departamento del
Huila pero en representación de Bogotá,
Presidente en propiedad de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
2003. ISABEL CRISTINA PEREZ del Valle. Presidenta de la Confederación
Nacional Comunal.
2004. LUS ESTELA ROMERO de Cundinamarca. Presidenta de la Confederación
Nacional Comunal.
2005-2008.JORGE ENRRIQUE BOSA ARIAS, del Meta. Presidente de la
Confederación Nacional de Acción Comunal.
2008-2016 NAIMEN EMIRO MARTÍNEZ, de Valledupar, Presidente de la
Confederacion Nacional Comunal
2016-2020 CEFERINO MOSQUERA del Valle Presidente de la Confederacion
Nacional Comunal
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